Publicado el 18/06/2025 por Administrador
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La expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó este martes 17 de junio a cumplir una condena de seis años de prisión en su domicilio de Buenos Aires, luego de que la Corte Suprema del país ratificara la sentencia dictada en su contra por delitos de corrupción relacionados con la causa Vialidad. Se trata de un episodio sin precedentes en la historia reciente del país y que marca un antes y un después en la carrera de una de las figuras más influyentes del peronismo.
La causa, que se remonta a los años en que Fernández de Kirchner ejerció la presidencia (2007–2015), se centra en la adjudicación irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Según el fallo judicial, se trató de un esquema de corrupción sistemático que favoreció al empresario Lázaro Báez, cercano al kirchnerismo, con contratos millonarios y sobreprecios que generaron un perjuicio al Estado de más de 500 millones de dólares.
La exmandataria fue hallada culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y, además de la pena de prisión, se le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No obstante, debido a su edad (72 años) y por razones de seguridad personal —tras el intento de magnicidio que sufrió en 2022—, la justicia autorizó que cumpla la sentencia en modalidad domiciliaria.
Cristina Fernández deberá permanecer en su residencia bajo estricta vigilancia electrónica, sin posibilidad de salir salvo por razones médicas o autorizaciones judiciales. También se ha restringido el ingreso de visitantes, y cualquier contacto deberá contar con aprobación previa del juzgado a cargo de su causa.
La reacción política no se hizo esperar. Desde sectores afines al kirchnerismo, se calificó la medida como una persecución política y judicial con fines electorales. Miles de simpatizantes se congregaron en las afueras de su domicilio para expresarle apoyo, con pancartas que la equiparaban a Eva Perón y denuncias de “lawfare” por parte del poder judicial.
En contraste, sectores opositores y organizaciones cívicas celebraron el fallo como un avance en la lucha contra la impunidad. Para muchos, el cumplimiento de la condena, aunque sea bajo arresto domiciliario, representa un mensaje contundente en favor de la transparencia y el respeto a las instituciones.
En el plano político, la condena deja a Cristina Fernández fuera de la carrera electoral prevista para octubre de este año, un golpe considerable para el movimiento que ella lidera y que venía evaluando su participación como candidata al Senado. Sin embargo, desde su entorno se asegura que continuará teniendo incidencia en las decisiones estratégicas del peronismo.
La expresidenta, por su parte, ha mantenido silencio público desde que se hizo efectiva la orden de arresto, aunque en anteriores ocasiones manifestó que “no se callará ni dejará de luchar por el pueblo”. Su equipo legal evalúa presentar recursos ante tribunales internacionales, aunque los márgenes de reversión son escasos.
Argentina vive así un momento de alta tensión institucional, con una ciudadanía polarizada entre quienes defienden el legado kirchnerista y quienes exigen justicia por los actos de corrupción. Lo que parece claro es que el nombre de Cristina Fernández seguirá ocupando titulares, dentro o fuera del poder.
